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Algunos ritos religiosos se han vuelto arcaicos. En el altar, dos novios del siglo XXI se prometen amor eterno y costumbres cada vez más extrañas. El hombre promete trabajar para llevar dinero a la casa, mientras la mujer jura que sabrá administrar lo que le lleve el marido. Demasiado pasado de moda, aunque los roles fijos no son exclusivos de una visión religiosa. Al terminar el matrimonio por el civil, algunos jueces aún recitan la epístola de Melchor Ocampo. El hermoso texto de antaño hoy se escucha anacrónico. En sus versos, el hombre debe dar a la mujer protección, alimento y dirección. En México la gente se casa menos y cada vez más las mujeres dan la dirección y el alimento. De acuerdo con el CONEVAL 1 de cada 4 hogares en México es comandado por una mujer.
Los matrimonios actuales deben simular menos que los anteriores. Si no hay amor, fidelidad o cuidado en los recursos, hay separación. Los malos actos tanto de hombres como mujeres sufren un castigo. Cada vez se exige más que tanto hombres como mujeres sean corresponsables del ingreso, gasto y cuidados familiares. El concepto antiguo de matrimonio concordaba con la visión del gobierno, donde un monarca proveía a los súbditos de los bienes y servicios. Los súbditos sólo agradecían y obviaban los malos tratos, como las mujeres simulaban no conocer de las aventuras del marido.
Si bien el proveedor del gasto familiar no ha cambiado, el único financiador del gasto público sigue siendo el mismo. Desde siempre, el dinero de los ciudadanos mantiene los gastos de los gobernantes, ya sea la construcción de un camino o una fiesta lujosa. En las monarquías, el pueblo asumía que por algo sobrenatural el gobernante empleaba su dinero de la mejor manera. No se le podía retar, pues su fuerza, galanura o inteligencia eran mayores que las del resto de la población. Nadie era digno de retarlo.
En las democracias los gobernantes no son enviados divinos, sino son elegidos. Su capacidad de inicio no es considerada superior a la de sus gobernados. Se puede equivocar, aunque siempre puede dar sus razones. Su posición se encuentra subordinada a la voluntad del pueblo, por lo que el gobierno debe informar cómo es que gastó los recursos de todos los demás. El acceso a la información es algo inherente a las democracias modernas. Existe una aspiración implícita. Todos podemos saber en qué se gasta nuestro dinero, pues todos podemos eventualmente aspirar al cargo.
A principios de esta década se aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información a nivel federal. A través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) se puede conocer información del gobierno federal, tan trivial como el sueldo neto del presidente o demasiado específica, como saber el cumplimiento de las metas de varios programas o los municipios que fueron beneficiados por algún programa social.
Publicar la información es una obligación de los gobernantes. Sin embargo, el camino aún se encuentra incompleto si los ciudadanos no se involucran. Aunque magros, la publicación de información ha permitido ciertos avances.
En 2001 la Presidencia de la República subió al sitio de Compranet un reporte con los bienes que fueron adquiridos durante la remodelación de la Residencia Miguel Alemán. Una reportera revisó la información a detalle y encontró que se habían adquirido toallas que costaban más de cuatro mil pesos cada una. Fox se enfrentó con el primer gran escándalo de su sexenio y uno de sus colaboradores fue inhabilitado por dos años.
Hace seis años, la publicación de la nómina del Gobierno del Distrito Federal permitió ver que el chofer del Jefe de Gobierno ganaba 60 mil pesos al mes y estaba registrado en nómina como subsecretario. El año pasado, la revisión de la declaración patrimonial del Delegado de Cuauhtémoc en el DF permitió conocer que en 2008 compró varios autos de lujo en un año. Al sumar los ingresos que declaró, su salario no le alcanzaba a comprar siquiera uno de esos coches. Comprar coches de lujo no es un delito, a menos que se haga con dinero que no es de uno. En ambos casos no hubo destituciones, pero al menos un poco más de indignación que cuando los presidentes gastaban millones en la partida secreta.
Las preguntas más tontas pueden tener grandes implicaciones. Una pregunta tan trivial como cuánto se gastaron en lápices permitiría descubrir posibles redes de corrupción. Las licitaciones son instrumentos que parten de la premisa de que la competencia reduce los gastos. En un concurso entre diversas personas que pueden ofrecer un mismo servicio de calidad, lo lógico es que el gobierno contrate al menos caro. Sin embargo, dichos mecanismos se han convertido en trampolines sociales y de ingreso para algunos funcionarios. Una dependencia que gasta el doble del precio de mercado en lápices o en agua embotellada está haciendo mal su trabajo o se está robando el dinero. Lo mismo pasa con los costos finales de las grandes obras viales.
En Puebla como en la mayoría de las entidades federativas los avances en materia de transparencia son aún más lentos. En gran parte por el hecho de que la mayor parte de sus ingresos proviene de transferencias de la Federación. El ideal de toda esposa del estereotipo antiguo: gastar todo el dinero de su marido sin que le pidan cuentas. Casi como enviudar.
A principios del sexenio, a un ciudadano le costó más de 7 meses averiguar cuánto dinero había erogado el gobierno estatal durante sus giras. Demasiado tiempo y dinero invertidos en hacer valer un derecho. De acuerdo con un estudio de Libertad de Información de febrero de 2008, la ley de Transparencia poblana es sólo mejor que la de Guerrero y Nuevo León. Somos el lugar 30 a nivel nacional.
Por otra parte, según un documento del CIDE del año pasado, Puebla es uno de los 5 estados cuya ley no considera obligatorio publicar las cuentas estatales en su página de internet. Además, para solicitar información al Gobierno del Estado uno debe presentar su credencial de elector. Las solicitudes anónimas no se permiten, lo cual desincentiva a pedir información a aquellos que tengan delirio de persecución.
La transparencia es un tema muy recurrido durante las campañas. No hay que hablar de ella como se habla de amor frente al altar, lo que verdaderamente importa es que la ley obligue a publicar de manera periódica cierta información. El ocio de un ciudadano o reportero puede mejorar su gobierno. De otra forma, parecerá que seguimos en el siglo XIX cuando había reyes y matrimonios eternos pero simulados.
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